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Los programas de detección obligatoria de drogodependencia entre la población arrestada no son efectivos

Skellington, K. et al, Evaluation of the mandatory drug testing of arrestees pilot, Edimburgo, Scottish Government Social Research, 95 págs., 2009.

El Mandatory Drug Testing of Arrestees es un programa piloto escocés que tiene como objetivo facilitar la incorporación de las personas drogodependientes que entran en contacto con el sistema judicial a los servicios de asistencia. En el marco de este programa, cualquier persona arrestada por determinados delitos es requerida para realizar un test de drogas oral para la detección de heroína o cocaína. Quienes den positivo deberán entonces ser evaluadas, para determinar si existe o no una dependencia y, en caso positivo, acceder al tratamiento necesario. Entre 2007 y 2009 este programa piloto se desarrolló en tres comisarías de Escocia (Edimburgo, Aberdeen y Glasgow), situadas en zonas con un elevado número de personas drogodependientes arrestadas. Este informe presenta los resultados de la evaluación de estos programas.

El informe muestra que los datos reales de funcionamiento han quedado muy por debajo de las previsiones: 223 personas accedieron al tratamiento, frente a las 1.800 estimadas. En términos generales, un 20% de quienes se sometieron al test de detección de drogas entraron finalmente en dispositivos de tratamiento. La investigación también recoge las percepciones tanto del personal, que destaca los problemas de coordinación entre Policía y profesionales de valoración y atención, como de los usuarios implicados, que se muestran mayoritariamente satisfechos. El informe, que evalúa el proceso y no tanto los resultados, destaca como aspecto positivo la capacidad del programa de contactar con las personas arrestadas en situación de mayor vulnerabilidad, mientras que advierte de los problemas de coordinación interdepartamental, las inconsistencias en el registro de datos de funcionamiento y el bajo número de personas incorporadas al programa. A raíz de esta evaluación, el Gobierno escocés anunció, en mayo de 2009, que no continuaría financiando dichos programas de detección obligatoria y que sólo permanecerían los de carácter voluntario para las arrestadas.

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