El debate

Se ha extendido entre nosotros el convencimiento de la necesidad de intervenir preventivamente en el ámbito laboral, en relación con los consumos de drogas. Esta corriente de opinión, proveniente de Estados Unidos, remarca el impacto que estos consumos provocan, tanto en el ámbito de la seguridad laboral como, sobre todo, en la productividad de las empresas.

Este posicionamiento por parte de las empresas provocó inicialmente fricciones con los representantes de los trabajadores quienes han considerado a menudo que las medidas impuestas vulneraban algunos de los derechos establecidos.

Otra tercera vía es la que defiende que esta intervención sobre el consumo de drogas en la empresa no ha de aplicarse forzosamente a todo el colectivo de personas trabajadoras. Es decir, del mismo modo que al aplicar medidas preventivas generales se hace especial énfasis en ciertos colectivos donde los elementos de riesgo son mayores (adolescentes, mujeres embarazadas, conductores, etc.), al aplicar medidas de actuación en el medio laboral, habrá que calibrar en qué colectivos se justifican con más peso dichas intervenciones.

En definitiva, el riesgo no viene determinado por el hecho de moverse en el ámbito laboral sino por las circunstancias específicas en las que se desarrolla esa actividad. Queda claro, pues, que, en algunas ramas de actividad, el trabajo preventivo de los consumos de drogas está plenamente justificado. Paradójicamente, añaden, la circunstancia de estar trabajando no debería considerarse un factor de riesgo, más bien al contrario, es la situación de paro la que se constituye en una situación de riesgo para el consumo de drogas.


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